Una jornada de más de 12 horas fue ayer la última campanada antes de la sentencia en el juicio por el asesinato de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad Los Chuschagasta, del que se cumplen hoy nueve años.

En ese mismo hecho, ocurrido en el paraje El Chorro, del departamento Trancas, fueron heridos de gravedad Emilio Mamaní y el entonces cacique, Andrés Mamaní, quien por el disparo que recibió en el tórax, perdio el bazo y vive con una bolsa de colostomía.

Se escucharán los alegatos del caso Chocobar

Entre las 9 y las 22 se escucharon los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas de Darío Luis Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso.

La fiscal Jerez pidió 18 años de prision por homicidio para Amín, y para Gómez y Valdivieso, como partícipes secundarios en el homicidio, 10 años de prision, con prision preventiva inmediata.

Por las querellas alegaron Julia Albarracín, Belén Leguizamón, Pablo Gargiulo y Carlos Garmendia. La fiscala Marta Jerez expuso su alegato en segundo lugar.

Los querellantes pidieron prisión perpetua para los tres por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, portación ilegal y abuso de armas de fuego.

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Albarracín, querellante por la acción civil de Andrés, Emilio y Antonia Mamaní, viuda de Javier Chocobar, relató cómo cambió la vida en la comunidad después del asesinato y de que su cacique quedara incapacitado. “Antonia tuvo que irse de su casa, vive angustiada y no pudo declarar porque aún siente miedo”, explicó.

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Albarracín pidió una reparación (actualizada), de $ 1 millón y 25.000 para Antonia, $ 935.000 por los daños producidos a Emilio y $ 1,65 millón para Andrés.

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Luego fue el turno de la fiscala Jerez, que planteó que los tres imputados fueron al lugar donde vive la comunidad armados, “no como quien va a un día de campo”. Los testimonios y los elementos de prueba muestran que Amín hace el disparo mortal, por lo que debe responder, dijo Jerez, “como autor responsable voluntario por el homicidio de Chocobar, y tentativa de homicidio de Andrés y Emilio Mamani”. Gómez y Valdivieso, consideró, no fueron con intención de matar, sino para recuperar las tierras, por lo que no serian partícipes necesarios, sino secundarios.

La querellante Leguizamón fue la encargada de exponer el contexto histórico y conceptual del conflicto sobre las tierras comunitarias que reclama Amín, el debate de fondo en la disputa que terminó en el asesinato.

“Siempre existió una comunidad indígena en ese territorio. La familia Amín aparece en 1959, con amenazas y hostigamiento. La comunidad intentó resolver el conflicto por vía institucional, pero el Estado no le dio respuesta”.

Gargiulo hizo una relación de la sucesión de hechos que describió como “un crescendo dramático que tuvo un desenlace trágico”. Según su caracterización, Amín “iba perdiendo la paciencia porque veía que se le escapaba el negocio (de la explotación de la cantera) por el reclamo ante la justicia de la comunidad”. Por eso llevó como socio a Gomez, “un ex policía experto en armas y con historia como parte del comando Atila, acusado de homicidios y torturas”. La asociación con Valdivieso, dijo, muestra que fueron con premeditación a ejercer violencia para “aleccionar a la comunidad, para que nunca más se atrevan a desafiarlos”.

Garmendia, a su turno, dijo que disiente con la fiscal con respecto a la autoría del hecho. “Ha sido una casualidad que Gómez no mate a otras personas. Y Amín no podría haber matado y herido si no hubiera contado con la organización de Gómez, que daba las órdenes” -dijo Garmendia-. “La premeditación se ve en que salieron armados, en un vehículo preparado y con las armas ocultas. Nunca estuvieron rodeados ni amenazados, como dicen”.

El defensor de Gómez, Enrique Andrada Barone, sostuvo que el conflicto por la posesión de la tierra no es tal. “El derecho de propiedad es uno solo, sancionado por la Constitución, y es inviolable”, dijo, disputando el derecho a la propiedad indígena. Durante dos horas, insistió en que Gómez y sus compañeros fueron atacados con piedras y palos, y que actuaron en legítima defensa de sus vidas. Luego, pidió que se impute por falso testimonio a Delfín Cata, a Manolo Chocobar y a Sebastián Cata. La representante de Amín, Julieta Jorrat pidió la absolución de su defendido y adhirió al pedido de Andrada Barone de falso testimonio para las mismas personas. Rosa Nocetti, representante de Valdivieso, consideró que todo fue “un tremendo accidente, no fue otra cosa”.